La aprobación del III Plan de Salud de Castilla y León, dirigido a reducir las desigualdades y resolver los problemas de salud de los ciudadanos de Castilla y León, implica la puesta en marcha un conjunto de acciones que trascienden la mera prestación de servicios sanitarios y que obligan a adoptar un enfoque jurídico de esos problemas, a través del estudio de la regulación autonómica aplicable, en relación con la legislación básica del Estado.En la presente monografía se estudian los principales problemas que, desde un punto de vista jurídico, plantea la actual normativa y política sanitaria de Castilla y León: el deslinde entre las competencias autonómicas y estatales en materia de salud, la problemática de la información sanitaria, epidemiológica y de los procedimientos experimentales o que pueden ser utilizados en un proyecto docente o de investigación, el derecho a la información asistencial, el régimen jurídico de las decisiones adoptadas sobre la salud de pacientes con capacidad de obrar limitada (especialmente referidas a menores, personas mayores y a incapacitados), la protección de los datos sanitarios, o la documentación y registro de las instrucciones previas. A ello se añaden otras cuestiones que durante estos últimos años han resultado especialmente problemáticas, como la actividad preventiva y el tratamiento de los datos médicos de los trabajadores y la confidencialidad de la información relativa a la salud en relación con el deber de denuncia o comunicación de hechos delictivos.
