En los últimos tiempos, las Autoridades de la Competencia, tanto nacionales como comunitarias, están insistiendo en distintos informes sobre el bajo nivel competitivo en las profesiones liberales, incluidas las jurídicas, y reclamando la desaparición de diferentes restricciones que en ocasiones se califican de privilegios. El estudio aquí presentado pretende ser una contribución a este debate, para lo que identifica distintos tipos de restricciones existentes en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, concluyendo para cada una de ellas si están justificadas (o no) por contribuir (o no) a objetivos de interés general que podrían legitimarla; o por generar otro tipo de ventajas competitivas que benefician al consumidor y que son de mayor intensidad que los perjuicios que la medida restrictiva en cuestión pudiera ocasionar a la competencia. Para valorar tales circunstancias, se estudia la estructura de mercado, las peculiaridades de la demanda y de la oferta, y la evolución del sector en aquellos aspectos que puedan tener interés para la situación de la competencia.
