PRÓLOGO
Capítulo I
La inflación penitenciaria
I. La metamorfosis de la pena privativa de libertad
II. La población penitenciaria española
Capítulo II
El nuevo autoritarismo penal
I. El discurso de la emergencia
II. La tolerancia cero
III. El derecho penal del enemigo
IV. La sublimación del derecho penal del enemigo
Capítulo III
La expansión del derecho penal
I. El nuevo sesgo político-criminal
II. El populismo punitivo
III. El protagonismo de las víctimas
IV. Los medios de comunicación social
V. Demandas populares y decisiones legislativas
VI. La actitud de penalistas y jueces
Capítulo IV
El proceso reformador del código penal español
I. El Código penal de 1995
II. Las primeras reformas
III. 2003, el annus horribilis para el derecho penal español
IV. Las reformas posteriores
V. Un futuro previsible
Capítulo V
Otras reformas de talante decididamente reaccionario
I. La desnaturalización de la prisión provisional
II. Las reformas sufridas por la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores
1. Reformas producidas durante la vacatio legis
2. La Ley Orgánica de 25 de noviembre de 2003
3. La Ley Orgánica de 4 de diciembre de 2006
Capítulo VI
La muy limitada vía de la despenalización
I. Determinaciones previas
II. La despenalización de la insumisión al servicio militar
III. Una reforma radicalmente politizada. La despenalización de la convocatoria ilegal de referéndum
IV. La declaración de inconstitucionalidad del delito de negación del genocidio
Capítulo VII
El negocio de la seguridad privada
I. La seguridad privada
II. Normativa española en materia de seguridad privada
1. Seguridad pública y seguridad privada
2. Incidencia del principio del riesgo específico
III. La seguridad privada en el ámbito de la Unión Europea
Otras publicaciones del autor
Asistimos en la actualidad a una perversa utilización del Derecho penal por parte de la clase política en su conjunto. Tal fenómeno, verdadero populismo punitivo, implica un permanente recurso al Derecho penal para hacer frente a determinados problemas sociales caracterizados, con frecuencia, por su repercusión mediática. Y estas políticas populistas responden a una ideología antidemocrática que inexorablemente gana terreno sin encontrar apenas resistencia. El ya residual pensamiento de izquierdas parece resignado ante la promoción de la idea de la seguridad ciudadana a principio rector de todo el Derecho penal y de éste a principal elemento vertebrador de un determinado modelo de Estado cuya crisis abona la restricción de los derechos individuales. Los partidos políticos, en el poder o en la oposición, se empeñan en una irresponsable pugna por satisfacer las poco matizadas demandas populares y demostrar quienes son menos transigentes ente la delincuencia, si los decididamente reaccionarios o los pretendidamente progresistas. Han descubierto -todos-que el endurecimiento del Derecho penal se traduce en un semillero de votos y que, por el contrario, cualquier signo de benevolencia en dicho ámbito les puede pasar una elevada factura electoral. La peripecia reformadora del Derecho penal español, de adultos y de menores, es buena prueba de ello.
