Índice
NOTA PRELIMINAR
PRÓLOGO
Francisco Caamaño Domínguez
UNA INICIATIVA FRUCTÍFERA
Jacobo Dopico Gómez-Aller y Juan Antonio Lascuraín Sánchez
METODOLOGÍA DEL SEMINARIO
PONENCIAS
Jaime Alonso Gallo
Gonzalo de Aranda y Antón
Norberto J. de la Mata Barranco
Jacobo Dopico Gómez-Aller
Luigi Foffani
Francisco García Figueroa
José Ángel González Franco
Adán Nieto Martín
María Antonia Sanz Gaite
José Miguel Zugaldía Espinar
RELACIÓN DE LOS DEBATES
Primera sesión: la estructura de imputación del artículo 31 bis y aspectos conexos (Relator: Víctor Gómez Martín)
Segunda sesión: el sistema de penas para las personas jurídicas y aspectos conexos (Relatora: Raquel Roso Cañadillas)
Tercera sesión: aspectos procesales y otras cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Relatora: María Trapero Barreales)
CONCLUSIONES
ANEXO: Tabla comparativa de la reforma en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
En febrero de 2010 el Ministerio de Justicia participó en una interesante iniciativa promovida desde varias Universidades Españolas, presentando ante un foro de debate independiente el proyecto de ley que introducía por primera vez en el Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas.En ese foro, compuesto por decenas de juristas españoles y extranjeros (académicos, magistrados, fiscales y abogados), se discutieron distintos aspectos técnico-legislativos de esta reforma. En los días siguientes se trasladaron al Ministerio las conclusiones del análisis. El trabajo mostró pronto sus frutos, pues el texto finalmente aprobado recogió las principales propuestas y sugerencias que se formularon.En este volumen se recogen las ponencias presentadas al Congreso y una relación de los debates allí mantenidos; así como las conclusiones que se presentaron al Ministerio de Justicia y una tabla analítica sobre la evolución de esta reforma legal.De este modo no sólo se quiere dejar constancia de un evento académico peculiar e interesante, sino también recordar una vez más que se puede y se debe contar con la colaboración técnica de la Universidad y de los distintos operadores jurídicos en los procesos de elaboración de las leyes penales.\
