A partir del principio atributivo, las Comunidades Europeas disponen en la actualidad de un considerable haz de competencias en materia social. Sometido su ejercicio a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ninguna de estas atribuciones de competencias tiene carácter exclusivo, sino que por el contrario reparten la capacidad de actuación entre Estados y Comunidad.
El primer ámbito de competencias se encamina a la consecución de un mercado de empleo transnacional, creando reglas de carácter supranacional. El segundo campo persigue la armonización de las legislaciones nacionales. Un tercer sector busca la articulación entre sistemas nacionales, construyendo normas de conflicto que ponen en contacto unos ordenamientos con otros. Otra parcela se encamina a la construcción de un sistema comunitario de relaciones laborales, en el que destaca la actividad legislativa de los agentes sociales, a través de la figura del diálogo social. Más allá de los límites del Derecho, un quinto repertorio toma como base la coordinación de las políticas nacionales, empleando instrumentos no vinculantes. Por último, se puede detectar un esfuerzo comunitario de construir un espacio de ciudadanía europea, dentro de la cual hay un todavía tibio núcleo de ciudadanía social.
