Los estudios sobre el Estado Social se suceden en los campos del Derecho Público y de la Economía, principalmente. El transcurso de treinta años desde la aprobación de la Constitución Española no ha hecho que se consideren suficientemente debatidos todos los aspectos y situaciones propias de esta figura política. Antes al contrario, la invocación del Estado Social es frecuente en la mayor parte de los ordenamientos occidentales y, desde luego, en el nuestro, buscando apoyo a nuevas medidas sociales de los poderes públicos o a la ampliación y modificación de las existentes.
Este trabajo parte de la definición del Estado Social como grupo normativo que busca el establecimiento o ampliación de políticas sociales destinadas a la realización del principio de igualdad de los ciudadanos. Esta consideración normativa permite una fijación más estable de las medidas incorporadas al ordenamiento, un análisis más fácil de su evolución y una comparación más sencilla y útil de la evolución histórica y de los avances interterritoriales tanto en los distintos Estados como en los territorios propios de planteamientos de descentralización política dentro de cada uno de ellos.
Este trabajo del Profesor Calvo Ortega destaca la importancia de la participación asociativa en el desarrollo del Estado Social. Igualmente, su significado en la reducción de la discrecionalidad que tienen los poderes públicos en el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
El autor es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y Presidente de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social.
