LIBERTAD DE EXPRESION Y RESPONSABILIDAD PENAL CONTENIDOS INTERNET

LIBERTAD DE EXPRESION Y RESPONSABILIDAD PENAL CONTENIDOS INTERNET

GALAN MUÑOZ, ALFONSO

21,00 €
IVA incluido
No disponible
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2010
ISBN:
978-84-9876-772-8
Páginas:
277
Encuadernación:
Otros
Colección:
MONOGRAFIAS
21,00 €
IVA incluido
No disponible

Prólogo
Francisco Muñoz Conde

Índice de abreviaturas


I. Internet como instrumento delictivo: La posible responsabilidad penal del proveedor de servicios por la publicación o difusión de contenidos ajenos


II. Precedentes normativos de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI)

1. La versión inicial de la Ley alemana sobre el uso de los Servicios Telemáticos (Teledienstegezetz)
2. La Directiva Comunitaria sobre Comercio Electrónico (DCE)
3. La transposición alemana de la Directiva de Comercio Electrónico


III. El sistema español de responsabilidad del «provider» por la difusión de contenidos ajenos

1. La ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)
2. Encaje de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) en el sistema de imputación de responsabilidad penal a los proveedores de servicios: La LSSI como norma básica delimitadora del riesgo permitido
3. Riesgos permitidos y no permitidos en las prestaciones de servicios realizadas por los Providers en Internet
3.1. El proveedor de acceso o de transmisión
3.2. El proveedor de alojamiento o almacenamiento y los que facilitan enlaces o instrumentos de búsqueda
a) La existencia de una relación de dirección, autoridad o control de los proveedores de almacenamiento o de enlaces sobre la actividad realizada por su usuario
b) La obtención del «conocimiento efectivo» de la ilegalidad del contenido difundido por el usuario de sus servicios por los proveedores de almacenamiento o de enlaces
3.3. El proveedor de Caching


IV. Responsabilidades penales de los proveedores de Internet por la difusión de contenidos ilícitos ajenos en la red

1. Responsabilidades penales de los proveedores de acceso y transmisión por la difusión de contenidos ajenos
2. Responsabilidades penales del proveedor de almacenamiento y del proveedor de enlaces por la prestación de sus servicios respecto a contenidos ajenos
2.1. Posibles responsabilidades penales por la prestación activa de servicios de almacenamiento y enlaces
2.2. Posibles responsabilidades penales por el mantenimiento de servicios de almacenamiento o de enlaces
a) Las responsabilidades penales del proveedor garante
b) Las responsabilidades penales de los proveedores no garantes
3. Responsabilidades penales del proveedor de Caching por la difusión de contenidos ajenos
EXCURSO: La controvertida aplicabilidad a los proveedores de Internet de las reglas especiales de autoría y participación del art. 30 CP y sus posibles efectos


V. Conclusiones

VI. Bibliografía

Un estudio sobre la incidencia penal de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.La presente obra analiza uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la denominada Sociedad de la Información. Es evidente, que esta sociedad no podría llamarse así sin la implantación de los modernos sistemas y redes de comunicaciones como Internet; red que requiere de la intervención de determinados sujetos (los proveedores de servicios), para poder funcionar. La intervención de estos sujetos resulta, por tanto, imprescindible para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión e información en la red, pero, en ocasiones, también puede contribuir a que este nuevo medio de comunicación sirva para cometer hechos ilícitos o inclusos delictivos. Aquí es, precisamente, donde se plantea el problema al que el presente trabajo trata de responder. Intenta concretar en qué casos y de qué forma, se podrá llegar a atribuir responsabilidad penal a los diferentes intermediarios de la red por haber contribuido con sus servicios a la producción de hechos delictivos; problema en el que la eterna tensión entre las libertades de expresión e información y la eficacia en la prevención de delitos adquiere una nueva dimensión, y que ha llevado al legislador a aprobar la cuestionada y cuestionable Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, cuya concreta repercusión en el ámbito penal aún está por determinar.

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