I. Medidas laborales para las v¡ctimas de violencia de g?nero 1. Identificaci¢n de los sujetos intervinientes y el bien jur¡dico protegido 2. Las medidas de protecci¢n en el mbito social ordenadas al mantenimiento del puesto de trabajo de las trabajadoras v¡ctimas de la violencia de g?nero II. La protecci¢n social para las v¡ctimas de violencia de g?nero 1. Prestaciones por desempleo 2. La ayuda asistencial 3. Ayuda econ¢mica para v¡ctimas de delitos dolorosos violentos contra la libertad sexual (Ley 35/1995) 4. El problema de la compatibilidad de ayudas econ¢micas 5. La protecci¢n social a favor de la v¡ctima de violencia de g?nero 6. Las prestaciones sociales del instituto de la mujer 7. El fondo para la asistencia social integral 8. Posible incopatibilidad entre las prestaciones p£blicas, las indemnizaciones civiles y prestaciones contractual de seguro privado III. Fomento del empleo para las v¡ctimas de violencia de g?nero 1. Or¡genes del principio de igual entre sexos en el empleo y su transcendencia para el fomento al empleo de la v¡ctima de violencia de g?nero 2. La estrategia comunitaria para alcanzar el objetivo de la igualdad entre sexos 3. La igualdad de trato en el acceso y la permanencia en el empleo 4. Medidas comunitarias para la mejora de la empleabilidad de als mujeres y su aprovechamiento para las v¡ctimas de violencia de g?nero 5. Medidas de mbito estatal para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 6. Medidas en el mbito de las comunidades aut¢nomas para la mejora de la empleabilidad de las v¡citmas de violencia de g?nero 7. Unos apuntes sobre la conciliaci¢n de la vida familiar y profesional 8. Los viejos fondos de promoci¢n de empleo, precursores de la actual pol¡tica comunitaria para el fomento al empleo 9. Conclusi¢n
Cuando de seres humanos se habla, la diversidad no puede traducirse en desigualdad. Sin embargo -y aunque asumido desde antiguo el principio de igualdad formal por todos los sistemas pol¡ticos y jur¡dicos de las modernas democracias- las condiciones para la igualdad real y efectiva de las personas no se dan. No se dan para las minor¡as (y no tan minor¡as) ?tnicas; no se dan para las personas con discapacidad; no se dan para las personas dependientes? y no se dan para las mujeres. As¡, y por lo que a las mujeres respecta, las condiciones de igualdad real y efectiva son, en mayor o menor medida, y a pesar del reconocimiento ?formal- cada vez m s incondicionado de su estatus de ciudadan¡a, una verdadera asignatura pendiente incluso en aquellos Estados considerados como modelos de democracia avanzada. Esa desigualdad real y efectiva, fruto de siglos de condicionantes culturales, religiosos, sociales y del imperativo pr cticamente universal de los valores asociados con lo masculino y el patriarcado, adquiere, hoy en d¡a, unos tintes de vergonzante injusticia que afecta a m s del cincuenta por ciento de la poblaci¢n de nuestras modernas y avanzadas democracias. Las mujeres v¡ctimas de violencia de g?nero encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo por las carencias sociales, econ¢micas, educativas y de cualificaci¢n laboral que, a menudo, padecen. De este modo, el desempe¤o de un trabajo, en tanto ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber ?tal y como el art. 35 de la Constituci¢n Espa¤ola lo configura para los ciudadanos y ciudadanas- presenta para ellas graves obst culos; a su vez, las dificultades de acceso al empleo impiden a estas mujeres participar en la vida econ¢mica y social del pa¡s, sustray?ndolas del ejercicio de otros derechos sociales. Todo ello las aboca, finalmente, a situaciones de marginaci¢n. Todas estas razones justifican, en efecto, una decidida intervenci¢n legislativa relativa a la faceta laboral/profesional de la mujer v¡ctima de la violencia de g?nero; insistimos, no s¢lo por la importancia del trabajo como modus vivendi, sino tambi?n por las nada desde¤ables implicaciones que la actividad laboral, como circunstancia vital, tiene en el mbito de la violencia de g?nero, ya encadenando a la v¡ctima a una situaci¢n de violencia preestablecida, ya dificultando su acceso a las medidas de asistencia protecci¢n, ya ambas cosas.
