Cuando 900 millones de seres humanos viven debajo de la línea de pobreza y su número aumenta; cuando cada 24 horas decenas de millares de personas mueren de hambre; cuando desaparecen día tras día etnias, modos de vida, culturas, poniendo el patrimonio de la humanidad en peligro; cuando el clima se deteriora y surge la pregunta si vale la pena vivir en Nueva Orleans, en El Salvador, en Sahel, en las Islas del Pacífico, en Asia Central y en la orilla de los océanos; cuando todo eso pasa, no nos podemos contentar hablando sólo de crisis financiera. Las consecuencias sociales de esta crisis se sienten ya más allá de las fronteras de su propio origen: desempleo, vida costosa, exclusión de los más pobres, vulnerabilidad de las clases medias y ampliación, con el tiempo, del listado de las víctimas. Seamos claros: no se trata solamente de un accidente en el recorrido o de un abuso cometido por algunos actores económicos que requieren ser sancionados. Estamos confrontados a una lógica que atraviesa toda la historia económica de los últimos dos siglos. De crisis a regulaciones, de desregulaciones a crisis, el
